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Tema 15: El Reinado de Fernando VII (1814-1833)


El restablecimiento del absolutismo (1814-1820)

Una vez acabada la Guerra, las Cortes se trasladan a Madrid. 

De acuerdo con la Constitución, las Cortes, para aceptar a Fernando VII como rey, éste debía jurar la Constitución. 

Fernando, denominado el Deseado, recuperó su trono entre muestras de calor popular y de prestigio. 

Era el símbolo de los seis años de resistencia y encarnaba grandes expectativas de cambio y mejoras tras una etapa tan especialmente penosa. 

Fernando VII llega a España, entra por Cataluña (marzo de 1814), sigue hacia Zaragoza, y de allí a Valencia, en esta ciudad recibe el Manifiesto de los persas, un escrito de sesenta y nueve diputados instándole a que implante el Antiguo Régimen y por tanto la monarquía absoluta. 

A su vez, el monarca también recibía en Valencia el apoyo del general Francisco Javier Elío con sus tropas para que volviera a recobrar sus derechos absolutos. 

Ya no había dudas en el rey. 

Se preparó el golpe de Estado y, mediante el decreto, dado en Valencia, de 4 de mayo de 1814, se restauraba el poder absoluto del monarca y se abolía toda la legislación de las Cortes de Cádiz, “como si no hubiesen pasado jamás tales actos”. 

A finales de mayo, Fernando VII, como rey absoluto, entraba en Madrid. 

Debe tenerse en cuenta que el retorno al absolutismo se inscribe en un contexto favorable a la vuelta al Antiguo Régimen en Europa a la caída de Napoleón. 

Las potencias vencedoras de Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena y terminaron creando la Santa Alianza, una unión entre las monarquías absolutistas para acabar con cualquier brote liberal. 

Tras el golpe de Estado vino la represión política. 

Fueron detenidos y juzgados liberales y afrancesados, acusados, respectivamente, de conspiración contra el rey y de traición. 

Otros muchos lograron abandonar antes el país, integraban el primer exilio de la España contemporánea. 

En cuanto a la labor de los gobiernos de Fernando VII hay que decir que fue desastroso.

La Hacienda estaba prácticamente en bancarrota, los pagos de los intereses de la deuda estatal no se cumplían y la guerra en América se llevaba los pocos ingresos de la Hacienda. 

Pero el mantenimiento de las colonias americanas era clave para la Hacienda, por los recursos que desde siempre habían generado, y ello explica el denodado esfuerzo de Fernando VII para hacer fracasar la independencia de las colonias. 

La represión política no detuvo la acción de los sectores liberales. 

Se dedicaron a conspirar siendo el mejor marco para ello las logias masónicas, muy difundidas en el ejército y serán los pronunciamientos o golpes militares las herramientas más adecuadas para acabar con el absolutismo. 

Durante el periodo de 1814 a 1819 hubo varios (Francisco Espoz y Mina en Pamplona, Juan Díaz Porlier en La Coruña, Luis de Lacy en Barcelona…), pero todos fracasaron al no contar con el suficiente apoyo. 

En 1820, en cambio, el teniente coronel Rafael del Riego se subleva en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con las tropas que se concentraban para sofocar la rebelión en América; él y otros militares que se suman a la sublevación exigen al rey que jure la Constitución de 1812. 

El rey, consciente de su debilidad, aceptó el 7 de marzo la Constitución de 1812, la juró el día 9 y el 10 publicó un manifiesto en que afirmaba: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. 

El Trienio Liberal (1820-1823)

A lo largo de los tres años, las Cortes aprobaron una legislación reformista, que venía a completar y desarrollar la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, con la intención de acabar con el Antiguo Régimen: 

  • Supresión de la vinculación de la tierra (mayorazgos).
  • Abolición de los señoríos jurisdiccionales y territoriales, con una fórmula favorable a la nobleza titular de los señoríos, que pasaban de ser “señores” a “propietarios”. 
  • Ley de Supresión de Monacales, por la que se disolvían los conventos y se desamortizaban sus bienes. También quedó suprimido el Tribunal de la Inquisición. 
  • Restablecimiento de la Milicia Nacional, fuerza cívico-militar, que los liberales apoyaban en los medios urbanos para defender la Constitución.

En el interior de la cámara empezó a darse una división entre los mismos liberales. 

Por un lado estaban los moderados, antiguos políticos doceañistas que se habían moderado y buscaban una aceptación del sistema por la Corona, lo que pasaba por reformar la Constitución; eran partidarios, por tanto, de realizar reformas con prudencia. 

Por otro lado estaban los exaltados o radicales, se trataba de elementos jóvenes, querían una aplicación estricta de la Constitución, reduciendo, si cabe, los poderes del rey a los meramente ejecutivos. 

A todo esto, el régimen constitucional avanzaba con grandes dificultades. 

Tenía la oposición de las potencias absolutistas de Europa, las reacciones antiliberales del campesinado, los problemas de la Hacienda, llena de deudas a la espera de una reforma fiscal y los enfrentamientos con la Iglesia. 

El 7 de julio de 1822, en Madrid, un golpe militar absolutista pudo acabar con el gobierno liberal.

Detrás de él también estaba el rey. 

Fue sofocado por la Milicia Nacional y por civiles armados. 

Su efecto fue la caída del gobierno, moderado, de Martínez de la Rosa y su sustitución por otro, radical, presidido por el general Evaristo San Miguel. 

Desde entonces las partidas o guerrillas realistas organizadas por la aristocracia y el clero absolutista, que ya venían actuando desde 1821, incrementaron sus acciones. 

En Seo de Urgel se hicieron fuertes e instalaron una Regencia formada por absolutistas que fueron más tarde sometidos. 

Para terminar con el régimen constitucional no había otra forma que actuar desde fuera. 

Las potencias de la Santa Alianza decidieron en el congreso de Verona (octubre de 1822) intervenir en España para restablecer el poder real. 

Francia fue la encargada de enviar un ejército (llamado los Cien Mil Hijos de San Luis) que entró en España en abril de 1823 al mando del duque de Angulema. 

Recorrió, sin apenas oposición, la Península, llegó a Cádiz donde fue libertado el monarca, llevado por el gobierno casi como un prisionero.

La década absolutista o década ominosa (1823-1833)

Por decreto de 1 de octubre de 1823 el rey declaraba la nulidad de todo lo aprobado por las Cortes y el gobierno durante los tres años constitucionales. 

Fernando VII desencadenó una violenta represión, el terror blanco, contra los liberales, muchos de los cuales, entre ellos Rafael del Riego, fueron ejecutados. 

A instancia del rey se crearon Comisiones Militares para procesar a los que desempeñaron puestos en el Trienio, con más de cien ejecuciones; se organizaron Juntas de Purificación, encargadas de depurar la Administración de empleados y profesores de tendencia liberal. 

Se comprende, en fin, que la historiografía liberal denominara como “ominosa” o abominable a esta década. 

Con todo, por mucho que lo pretendieran los absolutistas más acérrimos, la vuelta al absolutismo, repitiendo los esquemas de la restauración de 1814, no era posible, entre otras cosas, porque con aquéllos se desembocó en la vuelta al liberalismo en 1820, algo que no se estaba dispuesto a repetir. 

Esto explica la incorporación de ministros con ideas favorables a la aplicación de reformas, como Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, que introdujo una reforma presupuestaria y fiscal. 

Por tanto, con la vigilancia estrecha del monarca, había una vía media defendida por estos absolutistas reformistas, cuyo objetivo final era la supervivencia del absolutismo, pero esta vía estaba amenazada, a su vez, por los liberales, que pretendían, mediante pronunciamientos o conspiraciones la vuelta a la Constitución, y por los absolutistas acérrimos, realistas ultras o ultrarrealistas, opuestos a cualquier cambio o reforma. 

En la corte, este sector se agrupaba alrededor de don Carlos María Isidro, hermano del rey y su posible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia. Además de sofocar las insurrecciones ultrarrealistas también se reprimieron todos los levantamientos liberales. 

El último intento, el protagonizado por un grupo dirigido por José María Torrijos finalizó con el fusilamiento de Torrijos y los 49 hombres detenidos con él (diciembre de 1831). La cuestión sucesoria domina la parte final del reinado. 

El 1830, después de un cuarto matrimonio, con María Cristina de Borbón, y ante la eventualidad de una descendencia femenina el rey promulgó la Pragmática Sanción (marzo de 1830), que derogaba la Ley Sálica, con lo que privaba de sus derechos al infante don Carlos, a cuyo alrededor se agrupaban los ultrarrealistas. 

En octubre nacía la heredera, la futura Isabel II. 

Los partidarios de don Carlos, también llamados apostólicos o carlistas, en septiembre de 1832 protagonizaron los llamados sucesos de La Granja, una conjura que obligó a un Fernando VII gravemente enfermo a reimplantar la Ley Sálica, al recuperarse el monarca, volvió a derogar la citada ley y el propio don Carlos tuvo que abandonar la corte, marchando a Portugal, donde declaró que no reconocía a su sobrina Isabel como legítima heredera. 

El 29 de septiembre de 1833 fallecía Fernando VII y se iniciaba la regencia de María Cristina. 

Días después, en diferentes puntos del país, se producían levantamientos armados a favor de don Carlos, daba comienzo así una guerra civil que enfrentó a los carlistas contra los isabelinos. 

Ante la pugna entre los dos absolutismos, uno más moderado, a favor de ciertas reformas, el otro plenamente intransigente, para los liberales se abría la gran oportunidad para acceder al poder, para lo que llevaban mucho tiempo esperando. 

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